La protesta social en Colombia es una manifestación democrática y legítima de nuestras bases sociales.

El día jueves 15 de noviembre de 2018, pasado el mediodía, una multitud, conformada en su gran mayoría por estudiantes y profesores universitarios, estaba marchando frente al monumento de los Héroes en la ciudad de Bogotá. Eran miles de personas que con carteles, arengas e intervenciones artísticas pretendían llamar la atención del gobierno nacional. Su consigna era una sola: que el gobierno nacional, en cabeza del Presidente de la República, se sentara con los estudiantes para solucionar la grave situación presupuestal a la que están sometidas las universidades públicas del país.

 

La marcha avanzaba ordenadamente por la autopista norte, cuando un estruendo interrumpió la calma. A este estallido, siguieron varias detonaciones de granadas aturdidoras, nubes de gases lacrimógenos, gritos, detenciones, uso desmedido de la fuerza, acciones, reacciones, en fin, el caos. Entre esta confusión, en las redes sociales comenzaron a replicarse distintas versiones de lo ocurrido. Por un lado, a las preocupantes imágenes de agresiones y detenciones por parte del ESMAD, se sumaron otras que mostraban cómo personas vestidas de civil, con cascos, ejercían violencia en contra de los manifestantes y se movilizaban a la par con agentes uniformados; por el otro, se mostraba cómo algunos individuos encapuchados lanzaban piedras y otro tipo de objetos.

Las reacciones dentro del espectro político no se hicieron esperar. Distintos líderes políticos y sociales, así como muchos ciudadanos, condenaron el uso desproporcionado de la fuerza y la estigmatización de la protesta social. Otros, se pronunciaron en contra de los manifestantes y los acusaron de vandalismo y hasta terrorismo. En fin, la jornada, que en su gran mayoría se desenvolvió de manera pacífica, se vio empañada por esa violencia, tristemente normalizada en el país.

Como sociedad, quisiéramos pensar que este es un hecho aislado. Lamentablemente, lo que ha sucedido en el país, incluyendo el asesinato criminal y sistemático de líderes sociales, nos enfrenta a una penosa realidad. Hace apenas unas semanas, el miércoles 7 de noviembre, hubo otra jornada de protesta que terminó de manera violenta. El registro fílmico en redes sociales evidencia cómo un grupo de miles de manifestantes que se encontraban pacíficamente en la autopista norte con Calle 100 fue atacado y dispersado por el ESMAD. Un grupo de algunos pediatras-docentes y estudiantes de medicina de la Universidad Nacional buscó refugio ante estas agresiones, en un establecimiento de comercio de la zona. Estas personas fueron retenidas por un escuadrón antidisturbios que les impidió salir y trató de sacarlos por la fuerza.  Mientras tanto, la cobertura en medios hablaba de cómo un grupo de vándalos se había tomado un almacén.

La movilización estudiantil no solo se dio en Bogotá, sino que a lo largo y ancho de la geografía nacional estudiantes, docentes y padres de familia se unieron a las consignas que abogaban por la atención a las necesidades educativas del país.  En Popayán, un grupo de niños y niñas, visiblemente afectados por la aspiración de gases lacrimógenos, fue fotografiado en medio de las movilizaciones.  Todo lo anterior, demuestra lo increíblemente fácil que resulta desfigurar ante la opinión pública la realidad y las justas exigencias de la ciudadanía.

Las palabras de Roberto Gargarella aplican perfectamente a nuestra realidad social: “en muchas zonas y círculos sociales de nuestro país, los individuos encuentran graves dificultades para tornar audibles sus voces y llamar la atención del poder político […] es preocupante que un sistema democrático conviva con situaciones de miseria, pero es catastrófico que tales situaciones no puedan traducirse en demandas directas sobre el poder político”.

Esta inquietante situación en la que nos encontramos tiene que llevarnos a pensar en la relación que existe entre la protesta social, la democracia, los derechos fundamentales y las garantías civiles. La primera pregunta es ¿por qué debemos tomar tiempo para reflexionar ante estas cuestiones aparentemente teóricas, cuando los efectos de estos fenómenos son ante todo pragmáticos? La respuesta a este interrogante es sencilla: precisamente porque esta relación constituye uno de los pilares fundamentales sobre el cual se edifica el concepto mismo de la democracia.  Una afirmación de este estilo puede ser tenida como apresurada. No obstante, basta con indagar en los orígenes de la democracia para constatarlo. La democracia ateniense no puede siquiera concebirse sin el ágora, espacio que permitía a los ciudadanos congregarse para expresarse, protestar, debatir y tomar las decisiones comunes que afectaban a todos; no era espacio aislado, rodeado de muros, ni con acceso limitado, como sí lo son en la actualidad los despachos gubernamentales; era un espacio amplio, abierto y receptivo que invitaba a los ciudadanos a participar y apersonarse de las riendas de los asuntos públicos de la Polis. Este espacio era, naturalmente, un lugar en el que el disenso y la protesta de distintos sectores eran necesarios para llegar a decisiones debidamente racionalizadas a través del debate público.

Lo interesante de este ejemplo histórico es que los ciudadanos, que acudían al ágora con visiones contra mayoritarias, podían allí encontrar la interlocución de sus pares. La gran lección que nos deja Atenas, entonces, es que la presencia de los ciudadanos reunidos en las calles debe ser atendida con diálogo propositivo, y no con aquella represión estéril que frustra cualquier ánimo de construcción colectiva.  La apropiación ciudadana de los espacios públicos, de aquellos espacios comunes en los que confluimos y transitamos, es un presupuesto necesario e indispensable para la construcción democrática de nuestra sociedad.

La Asamblea Nacional Constituyente comprendió la importancia que tenía la movilización social y la reunión de manifestantes, a tal punto, que estimó que el derecho de reunión era fundamental para vida política y social del país (Gaceta Constitucional 128). En consecuencia, el contenido de este derecho merecía un lugar privilegiado en nuestra Carta y debía ser estipulado de manera nítida y expresa. Así fue como nuestra Constitución consagró, en rango de derecho fundamental, el derecho de reunión. 

El disenso y la protesta no solo son expresiones naturales, sino que, a la larga, son un activo valioso que debe ser protegido y valorado por toda la sociedad. La protesta social tiene la gran virtud de permitir reconocer al otro en una sociedad que, muchas veces, invisibiliza a aquel que piensa y siente distinto. El reto termina siendo uno solo: plantearnos como sociedad, si realmente somos capaces de reconocer en el otro, que piensa distinto, una voz y un rostro que merece ser escuchado y que puede participar, con las mayores garantías, en el diálogo social nacional.

La protesta social no es una especie de herramienta de la izquierda o la derecha. La protesta social es la posibilidad que tenemos de levantar nuestras voces ante lo que consideramos injusto. Basta con ver el ejemplo de Venezuela para darnos cuenta de que la represión hacia las legítimas manifestaciones populares no es un vicio de izquierda o derecha, sino que lo es de aquellos regímenes con ínfulas autoritarias.

Reprimir y no escuchar es la salida fácil. No obstante, es preciso recordar que esta fue la estrategia que ciertos gobiernos utilizaron históricamente contra manifestaciones como la marcha de la sal en India, la de Luther King por los derechos civiles en Washington, las de mayo del 68 en Paris, las previas a la reunificación alemana, etc. Todas ellas tienen un común denominador: estas auténticas movilizaciones sociales desembocaron en un sentir colectivo que logró transformar de manera inimaginable el mundo en el que vivimos.

Colombia es, y ha sido, un país en el que la protesta social ha sabido moldear el destino de las realidad social y política.  Ejemplos de lo anterior son la manifestación del 20 de julio de 1810, las marchas del silencio de Gaitán, pasando por las de la séptima papeleta, el paro nacional agrario y, recientemente, las que rechazaron el asesinato de líderes sociales. En suma, el gobierno debe entender que el clamor popular, las justas consignas y las exigencias del pueblo no son susceptibles de ser acalladas mediante la fuerza. Es imperativo que nuestros dirigentes comprendan que existe una nueva generación crítica y movilizada que está observando detenidamente las acciones del establecimiento. Esa misma generación sabrá rechazar la amenaza que estas actitudes represivas representan para la libertad y la democracia.

 

 

Bogotá, 21 de noviembre de 2018