Diversos sectores ideológicos, distintas organizaciones sociales y seguramente millones de ciudadanas y ciudadanos saldremos a las plazas de todo el país este 18 de marzo. Horas antes de cumplir esta cita con el país, quiero compartir algunas reflexiones sobre las razones que me llevan a sumarme a esta movilización social. Se ha dicho que esta marcha pretende defender lo acordado y firmado en el Teatro Colón, que se quiere luchar por nuestro derecho a seguir construyendo la paz, defender la JEP y todo el sistema de justicia transicional. Todo esto es cierto, válido y loable. Sin embargo, creo que hay una razón trascendental adicional, que de hecho recoge todas las enunciadas anteriormente, para unir nuestras voces y esfuerzos: defender la vigencia de nuestra Constitución y de nuestro Estado Social de Derecho.

 

Hablo de NUESTRA constitución porque los colombianos y colombianas hemos sabido apropiarnos de las aspiraciones de justicia social y paz que se derivan de la Carta. En esos años 80s 90s, que tanto dolor nos causaron, supimos sobreponernos y reflexionar nuevamente sobre cómo queríamos vivir en sociedad. El resultado fueron acuerdos tangibles y prometedores, desde diversos sectores, que lograron anteponer sus diferencias para proyectar un nuevo horizonte en el que pudiéramos coexistir pacíficamente todos y todas. La imagen de Horacio Serpa, Álvaro Gómez y Antonio Navarro, promulgando la materialización de esos anhelos, tiene que resonar hoy con más fuerza que nunca en nuestro imaginario colectivo. Porque esta imagen es la prueba fehaciente de que, en medio del dolor, las diferencias y las paradojas, el sueño de una Colombia en paz es más fuerte que aquellos que quieren perpetuar la guerra y la violencia.

La fórmula que encontró la Constitución para garantizar la estabilidad, la mesura y el equilibrio fue la separación de poderes y una serie de controles institucionales que le recordaran al país que ningún poder puede ni debe ser absoluto. Esta separación no es un capricho, sino que es la auténtica garantía de que la tiranía despótica del hiperpresidencialismo no se volverá a presentar en el país. La Corte Constitucional, máximo intérprete autorizado y guarda de la integridad y la supremacía de nuestra Constitución, juega un papel central y determinante en este andamiaje.

La Corte ya ejerció control sobre la ley estatutaria de la JEP. Ya definió, como órgano de cierre en materia constitucional, los cuestionamientos jurídicos de su articulado. El Presidente demuestra con su posición que no le importa en lo absoluto lo que dijo la Corte. Pretende obviar su decisión y reabrir una discusión política, que en su momento ya fue aprobada democráticamente con mayoría absoluta, sin importarle el transito a cosa juzgada constitucional. Esto es, sin duda, una afrenta directa en contra de la paz, las víctimas y la verdad. Pero aún más grave, es una afrenta contra todo el Estado Social de Derecho y la separación de poderes. De llegar a ser discutidas las objeciones en el Congreso, se estaría sentando un peligrosísimo precedente en el que si al presidente no le resulta agradable el control automático de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutarios, podría reabrir, a su acomodo, la discusión disfrazándola de inconveniencia.

Las objeciones del Presidente Duque, por más que se empeñe en decir lo contrario, son una invitación descarada para que el Congreso de la República desconozca decisiones legítimamente tomadas por la Corte Constitucional. Marcho para que el Presidente y el país sepan que desde el Congreso y desde las calles no vamos a permitir tal atropello por nuestra institucionalidad.