Dr. David Garzón García

David E. Garzón García
Abogado - Universidad de Los Andes
Asesor Jurídico UTL 
 

El derecho al acceso a la administración de justicia es presupuesto para alcanzar la justicia material. Este ha sido un tema recurrente en la historia misma de la humanidad que hasta el gran Franz Kafka, en su obra icónica “El Proceso”, esbozó metafóricamente la problemática con la historia del campesino que intenta infructuosamente entrar a un Tribunal:

(...) Ante la Ley hay un guardián que protege la puerta de entrada. Un hombre procedente del campo se acerca a él y le pide permiso para acceder a la Ley. Pero el guardián dice que en ese momento no le puede permitir la entrada. El hombre reflexiona y pregunta si podrá entrar más tarde».

—Es posible —responde el guardián, pero no ahora.

«Como la puerta de acceso a la Ley permanece abierta, como siempre, y el guardián se sitúa a un lado, el hombre se inclina para mirar a través del umbral y ver así qué hay en el interior. Cuando el guardián advierte su propósito, ríe y dice:

—Si tanto te incita, intenta entrar a pesar de mi prohibición. Ten en cuenta, sin embargo, que soy poderoso y que, además, soy el guardián más insignificante. Ante cada una de las salas permanece un guardián, el uno más poderoso que el otro. La mirada del tercero ya es para mí insoportable.

»El hombre procedente del campo no había contado con tantas dificultades. La Ley, piensa, debe ser accesible a todos y en todo momento, (...)”

 

Ese campesino termina envejeciendo ante la indiferente mirada del guardia que le impide ingresar. El guardia encarna los obstáculos que el ciudadano de a pie debe, heroicamente, sortear para lograr la protección de la ley que demanda.  Nuestro sistema judicial sigue siendo inaccesible para muchos ciudadanos por distintas razones. Se podría nombrar la congestión judicial, la excesiva ritualidad de algunos procesos, la innecesaria exigencia de postulación en otros, los costos implícitos, el reducidísimo número de jueces y juezas en el país, entre muchos otros. Si bien se han tomado decisiones acertadas tendientes a superar esta problemática, es evidente que el libre y oportuno acceso a la administración de justicia sigue representando una utopía para muchas personas en el país. Más aún para categorías de identidad no hegemónicas como campesinos, inmigrantes, habitantes de calle, personas que ejercen trabajo sexual, etc. 

 

En nuestro ordenamiento, el acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 229 constitucional. Este derecho fundamental se ve reforzado en el derecho internacional, en la medida en que también es un derecho humano reconocido por la Convención Americana en su artículo 8º. Su relevancia es de tal raigambre que la Corte Constitucional ha sostenido que “(...) el derecho de acceso a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho”. Del funcionamiento y del acceso a la justicia depende todo el andamiaje y la supremacía constitucional de nuestro ordenamiento. Por su propia naturaleza, este derecho debería ser de garantizado aún en situaciones como las que atravesamos. 

 

La llegada del Sars-Covid-19 al país paralizó la mayor parte del funcionamiento de la rama judicial, con la gravedad que ello implica. En ningún momento se busca criticar las medidas tomadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Gobierno Nacional tendientes a la protección de la vida de los funcionarios y de los usuarios de la rama judicial. Pero sí quiero llamar la atención a que, seguramente, no habría sido necesario acudir a una suspensión general de términos, en casi todas las especialidades, si hubiéramos comprendido a tiempo la necesidad de fortalecer la rama con recursos suficientes. Los avances en virtualización y adopción de herramientas tecnológicas habrían significado que al menos algunos operadores pudieran seguir prestando sus servicios virtualmente, en beneficio de la ciudadanía. Preocupa que cada día en el que no hay respuestas en derecho a las controversias ciudadanas, el riesgo de las vías de hecho, la violencia y la justicia por mano propia aumenta. Aún en medio de este gris panorama, se debe destacar que las Altas Cortes y los Tribunales del país sesionen virtualmente. Sin proponérselo, le dieron el mejor ejemplo al Congreso de la República en materia preservar el funcionamiento de las ramas del poder público.

 

Los retos que esta situación representa para la justicia tienen distinta naturaleza. En primer lugar, la vida y la salud de los funcionarios judiciales que siguen atendiendo audiencias en contacto con el público deben ser preservadas. Se debe asegurar la disponibilidad suficiente de elementos de protección personal y protocolos adecuados para mitigar los eventuales riesgos. Asimismo, no puede dejarse en vilo la integridad de todos los usuarios y usuarias de la administración de justicia. La situación en los establecimientos penitenciarios del país es del todo ignominiosa. La inercia para tomar las decisiones necesarias en el momento oportuno están significando una tragedia humana insoportable y también generarán muchas demandas contra el Estado por no haber sido garante de los derechos de las personas privadas de la libertad. Es urgente que como sociedad replanteemos el tratamiento penitenciario que se le da a los delitos, porque la fórmula de populismo punitivo y presión mediática indebida, en materia penal, están pasándonos factura.

 

En segundo lugar, se debe garantizar que los procesos de carácter constitucional sigan su trámite. En este punto está la clave para asegurar la vigencia de nuestro estado social de derecho. Se debe actuar con prontitud en el control judicial, formal y material, de las decisiones de la rama ejecutiva, de todos los niveles, tomadas para hacerle frente a la emergencia. No podemos permitir que la tragedia del virus termine justificando medidas violatorias de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional. En el buen oficio de los jueces y juezas del país reposa la esperanza de que cuando nos despertemos de esta pesadilla Colombia siga siendo un estado democrático.

 

Finalmente, quiero advertir otro riesgo que no se desprende directamente de la pandemia, como tal, sino de las defectuosas medidas que se han tomado para paliar sus efectos en materia laboral y de arrendamientos. Las medidas que se han tomado son, a mi juicio, tímidas y no resuelven de fondo los problemas que han surgido. Por ejemplo, en materia de arrendamientos, el Gobierno Nacional emitió un decreto legislativo, en uso de la función legislativa transitoria y excepcional del estado de emergencia, que dio igual tratamiento a arrendamientos habitacionales y comerciales y no suministró soluciones económicas concretas. En materia laboral no se han tomado suficientes medidas para proteger el empleo e impedir la precarización y desaparición del mismo. A la larga la mayor parte de las desavenencias entre los extremos contractuales terminarán deviniendo en acciones judiciales. Creo que se avecina un tsunami de congestión procesal que va a ser enfrentado por una rama judicial que, de por sí, funciona al límite, por no decir en déficit, de capacidad y recursos.