Santiago Aldana Rivera
Administrador Ambiental - Universidad Distrital
Asesor Ambiental UTL
 

El pasado 13 de abril el Gobierno Nacional a través de la Resolución 642 de 2020, previamente declarada la emergencia sanitaria por COVID-19 y Estado de Emergencia Social, Económica y Ecología, abrió la puerta a la realización de algunos trámites de forma virtual de permisos, autorizaciones y licencias ambientales. Ante esto, en menos de tres días la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) emitió el Auto 03071 de 2020 para citar a tres reuniones informativas y a una audiencia pública de forma virtual para continuar con la revisión del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos median Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG),aduciendo exclusivamente a capacidades logísticas de la Policía Nacional, quien tiene la responsabilidad de modificar dicho instrumento ambiental, de acuerdo a las sentencias dictadas por Corte Constitucional (Sentencia T-80 de 2017 y T -236 de 2017)[1]

De acuerdo al auto, se estableció incorporar dentro de este proceso a 104 municipios, objeto de las áreas de influencia que propone el PMA, para que participaran de forma virtual a través vía streaming (Facebook y YouTube) y medios radiales, con apoyo de lenguaje de señas y habilitando una línea telefónica nacional en dichos espacios de participación ciudadana.

 

 

Así, a la fecha se han realizado las tres reuniones informativas virtuales, para desarrollar dentro de los próximos días la audiencia formal. Esta decisión de la autoridad, dejó un gran sin sabor al manifestarse que dichos espacios carecieron de garantías para permitir una efectiva participación ciudadana, temiendo una mayor vulneración a derechos en la audiencia formal, que se realizaría igualmente a través de los mismos medios virtuales estipulados en el auto.

Esto lo visibilizo en primera medida la Procuraduría General de la Nación, a través de la oficina de Asuntos Ambientales y Agrarios, quien el 30 de abril solicitó que la audiencia sobre aspersión a cultivos ilícitos con glifosato no fuera virtual. Ante esto manifiesto que dichos espacios no contaban con garantías de conectividad y resalto que tal hecho no permite las condiciones mínimas para que las comunidades ejerzan su derecho a la participación[1].

Por el otro lado, Dejusticia, una de las organizaciones que solicitaron previamente la realización de la Audiencia Pública antes de la pandemia dentro del proceso de suspensión de esta práctica, se encuentra movilizando una petición abierta para solicitar al ANLA la suspensión de estos espacios de participación virtual, dentro de la cual suscribe a la ausencia de garantías para esto espacios y sustenta que “observamos con preocupación que medidas como la virtualización de las diligencias orientadas a garantizar el derecho fundamental a la participación ciudadana, como lo ha hecho la ANLA y como podría ser replicado por otras autoridades tanto del Sistema Nacional Ambiental como de otros sectores, puedan menoscabar el contenido esencial de este derecho y profundizar conflictos socioambientales existentes[2].

Y es que no es para menos lo manifestado por estos dos entes. De acuerdo al DANE, aproximadamente para el 2018 el 50% de los hogares colombianos no tienen internet, apenas el 29% de los hogares en Colombia tienen un portátil, el 21% un computador de mesa y el 11% una Tablet y aproximadamente hay 9 millones de colombianos que viven en territorios donde todavía no tienen acceso a un medio de comunicación[3].

Asimismo, los pilotos de las reuniones informativas virtuales carecieron de aspectos básicos para garantizar el derecho al acceso a la información. Por un lado, al normalizar de parte de las autoridades el entendimiento de un documento de más de 3171 páginas de parte de las comunidades cuando en las zonas rurales el analfabetismo alcanza más del 12%;  al presentar información gráfica por medio de la radio (principal medio de conexión de gran parte de los 14 departamentos sujetos de consulta) y al desconocer medidas de saneamiento frente a la pandemia como el distanciamiento social, lo cual desvanece el dialogo y la confianza dentro de las comunidades[4].

Por tal motivo, diferentes organizaciones entre ella COCCAM (Coordinadora Nacional de Cultivos de Coca, Amapola y Marihuana), ASCAMCAT (Asociación Campesina del Catatumbo), ACONC (Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca), junto a otras 15 organizaciones, solicitaron a través de un comunicado suspender dichos espacios, aduciendo que además de desconocer sus derechos, en especial a un ambiente sano, garantizado a través de la participación, viola las disposiciones del “Derecho Internacional Ambiental, principalmente las de las Directrices de Bali, el Principio 10 de la Declaración de río y el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe – Acuerdo de Escazú -suscrito por Colombia el 11 de diciembre de 2019”[5]

 

 

 

Ante esto, la ANLA presentó los resultados de dichos espacios de información del PMA, donde se destacan datos como la participación 1.869 espectadores, 98.546 reproducción de la trasmisión de las reuniones informativas, 574 preguntas atendidas, entre otros[1], lo cual demostró: i) la reducción de lo que se entiende por participación ciudadana a sólo números de conectividad y ii) desconocimiento de las complejidades territoriales, sociales y demográficas del país.

¡La participación ambiental no es igual a consulta! No se puede permitir que dichos espacios, carentes de garantías, se sigan impulsando. En principio al visibilizarse que dichos espacios fraccionan costumbres colectivas y no permiten el desarrollo de la cohesión, tejido y acción social para construir una visión colectiva del territorio.

El hecho que estos espacios no sean presenciales, rompen la cooperación, unidad y comunicación de los interesados dentro de las decisiones socio ambientales en los territorios.

Por lo que esta discusión deberá continuar, en espacial para profundizar aún más ¿Cuáles serían los mecanismos, metodologías y demás instrumentos para garantizar a las comunidades asentadas en los territorios los espacios de participación, información y concertación, para que se constituyan verdaderos diálogos y transciendan a procesos de mera información sobre decisiones ya tomadas por las autoridades?[2]

Finalmente, deja mucho que decir que este tipo de discusiones se llevan a cabo durante una crisis tan importante como es el COVID-19. Sin haber pasado más de tres meses, aún se centran las fuerzas del Estado para impulsar discusiones que no cuentan con garantías de participación y que, en cierta forma, escalado a otras discusiones nacionales aún pendientes donde no se ha llegado a un acuerdo, como el caso de intensión de explotación minera en el Páramo de Saturban, los Proyectos de Investigación de Yacimientos no Convencionales a través de la famosa técnica fracking, entre otros, demuestran un afán de aprovechar la contingencia para tomar decisiones que pueden caer dentro de un tentativo abuso de poder.

Es pertinente reflexionar que el país debe apostar por una recuperación social, ambiental y económica justa y resiliente, aprovechando que conocemos de posibles peores crisis, como es la climática. Y que la única forma de hacer esto es a través del diálogos concertados, inclusivos, informados, pluridiversos y participativos para establecer cuál es la visión colectiva que tenemos del país.

 

 

[1] https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/crece-polemica-por-audiencia-publica-virtual-sobre-aspersion-aerea-con-glifosato/50243

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[1] https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-solicito_que_audiencia_sobre_aspersion_aerea_de_cultivos_ilicitos_con_glifosato_no_sea_virtual.news

[2] https://www.dejusticia.org/pedimos-que-participacion-ciudadana-en-ambitos-ambientales-no-sea-virtual/?fbclid=IwAR1QvSpB15x_QHDMRyzgqJjilvVk4VpThEUeY4e5VwRfsumtYuC0pQhlcOA

[3] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_hogares_departamental_2018.pdf

[4] http://www.anla.gov.co/noticias/464-balance-de-las-tres-reuniones-informativas-no-presenciales

[5] https://www.colectivodeabogados.org/?Rechazamos-la-convocatoria-de-Audiencia-Publica-Ambiental-Virtual-para-retomar

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[1] http://www.anla.gov.co/noticias/464-balance-de-las-tres-reuniones-informativas-no-presenciales

[2] http://www.foronacionalambiental.org.co/wp-content/uploads/2020/04/PDF-FINAL-LA-PARTICIPACIO%CC%81N-AMBIENTAL-POR-MEDIOS-VIRTUALES.pdf